La suspensión momentánea del régimen de promoción de economía del conocimiento, anunciada hace unos días por el Gobierno, agravó una situación de inestabilidad en las empresas exportadoras de servicios y pone en riesgo el ingreso de US$6000 millones que estas firmas generan anualmente. Aunque la preocupación de los empresarios no es nueva: desde el año pasado -específicamente tras la aplicación del cepo y la obligación de liquidar las divisas provenientes de las exportaciones- a los tributaristas les queman los celulares y las casillas de mail con consultas de emprendedores argentinos del sector que buscan de alguna manera no liquidar sus servicios a $60.
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«Cada vez nos consultan a mayor velocidad. Ya nadie espera nada bueno. Es como un ‘sálvese quien pueda’ entre los empresarios exportadores de servicios», dijo Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, quien nombró a la solución que suele dar como «planificación tributaria sofisticada», también conocida como elusión fiscal: pagar la menor cantidad de impuestos mediante vías legales.
La respuesta a esas consultas generalmente son nombres de países. Si bien entre los destinos mencionados están Chile, Estados Unidos y Paraguay, el lugar más encumbrado hasta el momento es Uruguay. «Después de las PASO tuvimos muchas consultas y desde el anuncio de la suspensión del régimen de economía del conocimiento crecieron todavía más. Desde noviembre hasta acá fueron 350 consultas de argentinos», dijo Francisco Ravecca, cofundador y director ejecutivo de Aguada Park, que, junto con World Trade Center, es una de las dos zonas francas uruguayas para empresas de servicios en Montevideo. Allí, el 60% de los que alquilan espacios son argentinos, entre los que están Mercado Libre y Globant.
Distintas fuentes del sector destacaron que los ofrecimientos de esas zonas atraen a compañías argentinas: además de exonerar a las firmas del total de impuestos nacionales existentes o a ser creados, permite que todos los bienes, sin importar su procedencia, estén exentos de impuestos y aranceles aduaneros, mientras que además promueven la exención de contribuciones a la seguridad social para expatriados y ofrecen la libertad de circulación de moneda extranjera.
Según los tributaristas consultados por LA NACION, en paralelo, algunos dueños de compañías -en línea con el momento del sector y con la suba de impuestos a los bienes personales- ya están mudándose a Uruguay para residir fiscalmente en ese país, donde adicionalmente los reciben unas vacaciones fiscales (en inglés, tax holiday) que les permiten no tributar el impuesto sobre la renta de las personas físicas por las rentas mobiliarias generadas en el exterior. Por otra parte, Uruguay también permite que aquellos expatriados por empresas en zonas francas, además de no tributar sus cargas sociales, tengan un impuesto a la renta de las personas físicas disminuido, de 12%.
«No tenemos ningún cliente que quiera cerrar en la Argentina. Las consultas no vienen por el lado de mudar lo que ya está hecho, sino si conviene hacerlo en otro país ante perspectivas de crecimiento», dijo Axel Verstraeten, socio del estudio Levene. Mientras tanto, Sardans agregó que las firmas argentinas buscan dejar estructuras en el país y armar subsidiarias en el exterior para exportar desde allí y no tener que liquidar todo en la Argentina. «No hay incentivo para traer los dólares», afirmó, y añadió que además de la diferencia entre tipo de cambio oficial y el contado con liquidación -al que recompran dólares con los pesos obtenidos- se debe sumar el derecho de exportación del 5% introducido en diciembre por la nueva gestión, que reemplazó al derecho de hasta $4 por dólar que había instaurado el gobierno de Mauricio Macri en 2018.
Según Sardans, las empresas pueden comenzar a vender sus servicios desde una sede en otro país siempre y cuando en ese lugar también se genere parte del servicio o producto. «Debe ser un negocio genuino y no una empresa de papel», expresó. Consecuentemente, un concepto que sobrevuela en conversaciones entre empresarios por estos días es el de precios de transferencia: aquellos que se pagan entre subsidiarias de una misma compañía por los servicios que una le ofrece a otra, antes de vender el servicio a un tercero.
Otro contador, que pidió mantener su identidad en reserva para referirse al tema, destacó que es común que compañías argentinas cierren sus contratos con clientes del exterior -en dólares- con una subsidiaria ubicada en otro país y que a la operación local se le giren los costos más una ganancia que en general ronda el 10% para cumplir con los requerimientos de AFIP. «Así, los precios de transferencia permiten reducir el margen de ganancia que es atribuido a la operación argentina», agregó, y destacó que cuantas más áreas se trasladen al exterior, mayor margen de divisas puede quedar en el exterior. «En general, el área Comercial es la más importante», detalló.
Al escasear el talento de IT -según Ravecca, la tasa de desempleo en ese sector es de 0% en Uruguay-, las compañías buscan por lo menos mudar sus equipos de Recursos Humanos y Finanzas. «Aquí se consigue mucha más gente en esas áreas. Uruguay, además, está teniendo una inmigración interesante de venezolanos y argentinos», agregó el director de Aguada Park.
Sardans explicó que no necesariamente todas las empresas están armando nuevas operaciones en otros países (en Uruguay constituir una empresa cuesta aproximadamente US$5000; en Estados Unidos, unos US$2500), sino que muchas están utilizando las que dejaron abiertas después de 2015; mientras que otras, más cerca en el tiempo, nunca dejaron de buscar esa posibilidad. «A partir de ese entonces no hubo cepo, pero hubo una búsqueda de maximizar ganancias mediante planificación tributaria», expresó Verstraeten.
Lado B
En las zonas francas uruguayas, puntualmente, el mayor problema que encuentran las compañías (tanto las argentinas como las de otras latitudes) es la falta de mano de obra especializada, según Verstraeten. Es que, según la ley que rige ese programa, las empresas pueden contratar hasta un 25% de personal extranjero, que puede alcanzar el 50% si el negocio así lo requiere -previa autorización del organismo regulador-, mientras que el resto debe ser uruguayo. «Hay argentinos que están dispuestos a irse, pero cuesta mucho contratar locales», dijo.
Desde Montevideo, Federico Muttoni, director de la consultora Advice Consulting, contó a LA NACION que «aparecen consultas puntuales por rubros de tecnología e ingeniería para emprendimientos en este país, donde se valora la experiencia de los profesionales argentinos, pero por ahora son señales tibias». Y agregó: «A nivel de candidatos tampoco vemos una corrida hacia Uruguay».
Por su parte, en Buenos Aires, Matías Ghidini, gerente general de GhidiniRodil, agregó que las «empresas están esperando a ver cómo decantan las medidas para tomar la decisión de comenzar a contratar gente en ambos países».
Si bien es menos nombrado que Uruguay, Paraguay es otro de los destinos contemplados por las empresas. Allí se aplica una carga impositiva conocida como el «triple 10»: 10% de impuesto a la renta, 10% de IVA (no aplica a servicios) y 10% de impuesto a las personas físicas. «La diferencia con la Argentina es abismal», dijo Sardans, quien agregó que además en esa plaza no se cobran impuestos sobre la renta generada fuera de ese país.
Más allá de las empresas, profesionales argentinos que trabajan para empresas del exterior miran de cerca a ese país, ya que brinda la residencia permanente a aquellos que, entre otro requisitos, pasen solo un día cada tres años (Uruguay, en contraposición, exige pasar más de 183 días al año), según explicó, desde Paraguay, Gloria Sosa de Giménez, que en su estudio ha notado el crecimiento de las consultas por parte de argentinos.
De todas formas, tributaristas locales advierten sobre la ilegalidad de que un profesional argentino deje de tributar a nivel local y lo empiece a hacer en Paraguay cuando su centro de intereses -familia o negocios-está en la Argentina, si bien es posible tener una doble residencia fiscal.
Desconcierto
Más allá del cepo cambiario y la obligación de liquidar divisas a tipo de cambio oficial -las empresas pueden comprar dólares mediante el contado con liquidación; no así venderlos por ese medio-, la noticia que generó mayor incertidumbre en el sector de servicios fue la suspensión momentánea del régimen de promoción de economía del conocimiento, mientras la nueva administración trabaja en modificaciones que lo orientarían más a pymes. Si bien en principio se desconocía si los cambios iban a salir por resolución o por ley, el miércoles el Ejecutivo amplió el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso vía Boletín Oficial e incluyó una iniciativa para modificar el régimen de promoción de la ley de economía del conocimiento.
En Argencon -una de las asociaciones que nuclea a las empresas de servicios- estaban notificados desde mediados de diciembre, momento desde el cual están en contacto con funcionarios del Ministerio de Producción, según comentó el director ejecutivo de la entidad, Luis Galeazzi. «La suspensión fue una noticia que interrumpió una onda positiva en el sector. Muchas empresas internacionales habían presentado proyectos basados en este régimen a sus casas matrices. De alguna manera, ahora, es un parate», dijo, y agregó: «Todo lo que nosotros no aprovechemos, todo espacio que dejemos, va para afuera».
Hasta antes del cepo cambiario, destacó Verstraeten, para las compañías argentinas -especialmente las más chicas- era mejor quedarse en el país. «No les convenía pensar en abrir nada afuera, porque el régimen era la mejor opción», dijo. Entre los beneficios primordiales, presentaba una alícuota especial de 15% del impuesto a las ganancias y una disminución de contribuciones patronales (detracción de $17.509 por cada trabajador en relación de dependencia).
Según fuentes del sector, ya varias empresas grandes detuvieron sus proyectos de inversión en el país, mientras los ejecutivos financieros pasan calor arreglando números. Compañías como Globant y Mercado Libre no comentaron a LA NACION sobre cambios en sus planes después del parate del régimen. Por estos días, Ravecca no solo recibe consultas de compañías argentinas para llegar a Aguada Park, sino también de multinacionales que analizan posar sus centros de servicios en zonas francas. «Son empresas grandes. Algunas, muy, muy, grandes», agregó.
Con el 99% del primer edificio alquilado (22.000 m2), el empresario piensa que, en seis meses, el segundo (de 6000 m2), estrenado en noviembre, estará completo, antes de los tres años que aguardaba. Envalentonado, proyecta levantar una tercera torre de 22.000 m2. El costo por metro cuadrado, agregó, ronda los US$25, mientras que las oficinas de entre 15 y 25 m2 tienen un costo de US$1800.
Según Galeazzi, las firmas argentinas que ya habían sido aceptadas en el régimen están en una especie de «limbo» debido a que no tienen los beneficios del régimen anterior (el de software) y tampoco los del actual. «Nos dijeron que en el momento que se resuelva la suspensión se dará el beneficio retroactivo; pero va a tener un efecto financiero negativo, sobre todo en las firmas más chicas», dijo el ejecutivo, quien agregó que, por el momento, está cerrada la convocatoria para que nuevas firmas se postulen.
Una de las razones de la suspensión del beneficio fue que la promulgación de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva modificó un cálculo que afectó al régimen, agregó Galeazzi. «Nos dijeron que veían problemas de administración en el régimen y querían tomarse un tiempo para hacer una modificación», explicó. Desde Argencon expresaron que tienen confianza en la palabra del Gobierno, que afirmó que el tema sería tratado en sesiones extraordinarias para la modificación, ya que se trata de una ley aprobada por el Poder Legislativo.
Desde la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) comentaron a LA NACION que en 2019 el sector proyectó un plan 2030, a través del cual las exportaciones pasarían de los US$6000 millones actuales a US$20.000 millones, mientras que los empleos llegarían a los 400.000 después de haber pasado de 8000 en 2005 a 120.000 en el presente. «Hay que revisarlo», dijeron, al dar cuenta de los cambios macroeconómicos y anuncios varios. Y, mientras el Gobierno afina el lápiz de un nuevo régimen de promoción, el sector privado también saca cuentas, al tiempo que mira de reojo el mapa.
